La Calle de Córdoba XXI

jueves, 3 de agosto de 2017

La economía social como alternativa al neoliberalismo financiero


El gobierno español insiste en que ya estamos superando la crisis mediante la exposición de datos estadísticos que permiten justificar su afirmación.

En este sentido nuestro cualificado gobierno de España se comporta con el mismo criterio científico que los lectores de los contadores eléctricos de Endesa o Iberdrola, sólo que ningún operario de calle de compañía eléctrica alguna en el mundo se le ocurre proclamarse doctor en ciencias físicas por mucho contador eléctrico que difunda en rueda de prensa.

Sólo nuestro buen gobierno se proclama docto en economía contando parados, turistas, cocacolas y todo aquello que sea indexable, dejando a los críticos en la difícil tarea de revisar los contadores trucados de las instituciones que cuentan parados, turistas, cocacolas, etc y refutar los datos, con nuevos datos.

El triunfo del dato frente al caos de la opinión

Mientras tanto todo experto catedrático sabe bien que quien a dato “mata”, con datos se inmortaliza ad infinitum con una prensa que permanentemente delimita el universo intelectual retwitteando datos y mostrando que más allá de los datos solo existe el profundo abismo de la “opinión” caótica.

Fuera de este universo de contabilidad estocástica, la situación económica española no es ningún caso aislado de la situación general europea y occidental que muestra claramente el agotamiento del modelo clásico del libre mercado autorregulado basado en el desacoplamiento de la economía –como régimen de derecho privado–, del bien común del conjunto social.

El fracaso de las políticas de ajuste de los últimos años, con el superavit patológico de Alemania y el sometimiento de Grecia al austericidio llevado a cabo por la Unión Europea, muestran que el mito neoliberal de la economía autorregulada se encuentra hoy en los pasillos de entrada a la morgue de la historia.

Son muchas y profundas las grietas abiertas en el interior de la doctrina neoliberal. Sólo nombraremos aquí dos de las más objetivas y evidentes. Por un lado tenemos la ya clásica crítica de Thomas Piketty en su libro sobre “El Capital en el Siglo XXI”, donde Piketty muestra cómo la nociva acumulación de capital destruye los viejos principios de la meritocracia, haciendo involucionar el capitalismo hacia regímenes feudales donde herencia y cuna vuelven a ser los vectores germinales del desarrollo futuro.

Por otro lado los famosos “papeles de Panamá”, la “lista Falciani”, la endémica corrupción española, etc, evidencian claramente que la libre circulación de capitales es una libertad que ejercen algunos con un costo enorme para todos los demás.

La abolición del desacoplamiento y el retorno a la economía social

En su gran mayoría las críticas que se realizan al sistema de libre mercado autorregulado plantean la necesidad de abolir el desacoplamiento entre economía y sociedad, volviendo a incrustar la política económica dentro del conjunto de políticas sociales que atienden al bien común del conjunto de la sociedad como bien supremo que conforma el conglomerado integrado de todas sus redes sociales.

Conglomerado, sin duda complejo, pero que en todo caso debe estar presidido por eficientes mecanismos de contención y seguridad donde el principal bien social y jurídico protegido sea el derecho a la coexistencia armónica –sin exclusión–, de todos los miembros de la comunidad.

Se trata de abolir los privilegios neoliberales de los activos de inversión y del predominio de la Banca, con base a una política de Expansión Cuantitativa del Banco Central Europeo auténticamente criminal con relación al austericidio y a los propios fundamentos democráticos del Estado Democrático de Derecho.

El soberanismo del pastor y sus ovejas; Poder; Territorio y Fauna humana.

La sostenibilidad del conjunto social debe ser parte integrante y prioritaria del programa económico de un país y no su consecuencia secundaria y desacoplada del conjunto social. Sostenibilidad que pasa inexorablemente por el abandono de la vieja idea del Imperio Romano de la ciudad –o Estado–, constituida como un derecho patrimonial regida bajo el modelo del pastor y sus ovejas donde la ciudadanía se considera como la fauna humana del territorio.

Se trata, pues, de articular un “renovado” debate social muy alejado de la vieja dicotomía política de los siglos XIX y XX fijada sobre el eje “Izquierda–Derecha”.

Un debate cara al siglo XXI donde necesariamente ha de plantearse la eficacia futura de un sistema económico sostenible tanto desde la perspectiva social como medioambiental. El territorio ya no es la parcela del soberano, sino el planeta de todos. Primer gran descubrimiento de la globalización neoliberal, que sustituye al descubrimiento colombino español de la globalización como campo de colonización.

Consecuentemente se trata de plantear un cambio radical de paradigma sociopolítico de la talla del Renacimiento del siglo XVI y el movimiento de la ilustración del siglo XVIII. Un cambio de paradigma que integre la amenaza tecnológica centrándola en el bien colectivo y que retorne a una economía productiva sostenible y beneficiosa para la organización social alejando las aberraciones de la economía financiera y especulativa basada en el enriquecimiento privado como fin en sí mismo y no como medio para fines colectivos más fundamentales.

El comercio en el imperio del valor de cambio

La reciente historia del siglo XXI nos dice que con la crisis asistimos también a la última oleada de mercantilización –propiciada por la contrarreforma neoliberal iniciada a finales de los setenta del siglo XX en la época de Reagan–Thatcher–, la que propició el marco adecuado para el divorcio entre economía y sociedad facilitando la evolución del capitalismo desde la economía productiva hacia el nuevo paradigma de una economía financiera altamente lucrativa. Justo el cambio del ancestral epicentro del sistema desde el concepto del “valor de uso” al concepto del “valor de cambio”.

El desacoplamiento –e independencia–, de la política económica del conjunto de políticas sometidas al régimen de control democrático se culminó con la autonomía de los Bancos Centrales y la eliminación de los controles estatales de los mercados financieros y de los mercados monetarios, permitiéndose asimismo aumentar la movilidad del capital que quedó definitivamente desarraigado de su entorno social.

Desde entonces, las oportunidades más rentables de inversión se encuentran en esos mercados financieros que empezaron a desarrollarse tímidamente a finales de los setenta y principios de los ochenta y que posteriormente empezarían a eclosionar en los noventa.

Sin embargo el detalle esencial de esta nueva configuración de la economía es que cuando el exceso de producción se vende en los mercados mundiales a bajos precios, el comercio de mercancías se queda en el limbo de un valor de uso ampliamente despreciado por los llamados tiburones financieros. Es decir; la mercancía se está desvaneciendo en la práctica económica del siglo XXI post crisis con el resurgimiento del proteccionismo y una sobre-explotación inhumana en países como India, Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, etc, dónde el costo laboral se acerca temerariamente a cero (esclavitud).

Deuda y crisis; la cicuta del estado neoliberal

Así pues, en occidente, todos hemos visto cómo el endeudamiento ha venido formando parte de la estrategia de acumulación del capitalismo, a través de lo que se ha llamado “keynesianismo de precios de activos” (Brenner 2003) 2*. Un capitalismo según el cual “al suprimir el salario como fuente de demanda –principal pivote de la contrarrevolución neoliberal–, el problema de la demanda fue soslayado [mediante] mecanismos financieros ligados a la facilidad del endeudamiento privado [que] permitieron elevar la demanda de bienes de consumo y, a modo de bucle, la adquisición de nuevos productos financieros –el caso de las hipotecas sería paradigmático”(López y Rodríguez, 2010: 97, 109) 4*.

Sin embargo, el éxito de la solución financiera consiste no tanto en las enormes tasas de rentabilidad que ofrecía sino, sobre todo, en su capacidad para neutralizar el poder del Estado (un poder de anclaje claramente de soberanismo territorial), neutralizando al mismo tiempo el poder organizado de los trabajadores (un poder de íntima interrelación con la economía local de la sociedad).

Consecuentemente, la base de la rentabilidad que ofrecía el nuevo paradigma financiero no se encontraba en una mejora de la productividad; o en una mejora de la eficiencia organizativa y tecnológica; o en una mejora de la competitividad, sino en un aumento de la capacidad para especular con el valor de los activos financieros en todas las áreas económicas. Algo que fue posible gracias a la descapitalización de los dos poderes más estrechamente conectados con la sociedad.

Por un lado, el poder del Estado se descapitalizó por vía de la disminución de la recaudación fiscal (bajada de impuestos, incremento de la evasión fiscal, etc) y, por otro, el poder adquisitivo de los trabajadores se descapitalizó por la vía de la disminución de la masa salarial, interviniendo tanto sobre la vía del salario directo, como sobre la del salario indirecto (prestaciones sociales) y sobre la vía del salario diferido (pensiones).

Paralelamente, la retirada del Estado de la vida económica –en exacerbada defensa de la libertad de los mercados autorregulados–, ha erosionado también otras formas de propiedad (colectiva, estatal) y de gestión de las actividades económicas (redistribución, intercambios no mercantiles, etc.), y ha reforzado la propiedad privada como forma de propiedad exclusiva, revitalizando el intercambio mercantil como el único modo de intercambio.

Los ejemplos de Rusia y Venezuela

En relación al papel que juega en el terreno político el binomio “fiscalidad–deuda” a la hora de sostener cualquier modelo de Estado a largo plazo (sostenibilidad), sólo hay que analizar la diferencia entre Rusia y Venezuela. Así mientras que Rusia, Turquía, Hungria, etc, acumulan un superavit presupuestario constante, presentando un perfil bajo de deuda pública, además de acumular importantes cantidades de moneda extranjera, al igual que China, Venezuela confronta una crisis política y económica de consecuencias catastróficas derivada de una política de gasto generoso basada en sus ingresos por venta del petróleo venezolano.

En el polo opuesto Rusia ha desarrollado una política macroeconómica prudente claramente inspirada en el denominado “consenso de Washington” de política neoliberal económica de bajo perfil y mercados relativamente abiertos.

Venezuela, por el contrario sextuplicó su deuda externa sobre la base de los precios altos del petróleo, y según datos del Fondo Monetario Internacional, el PIB de Venezuela se encuentra en 2017 un 35% más bajo de los niveles de 2013, llegando a una caída del 40% en términos per capita. Venezuela es hoy el país más endeudado del mundo.

Estos ejemplos apoyan la tesis de que tan pernicioso es una economía centralizada en manos de políticos como la doctrina neoliberal del libre mercado, toda vez que ambas pueden conducir a un itinerario de aceleración de riesgos, y profundización de desequilibrios, donde la deuda es la cicuta de todo sistema imprudente, sea de “izquierdas”, o de “derechas”.

Fin de los ideales emancipatorios de la igualdad, la justicia y la solidaridad.

Consecuentemente la financiarización, no regulada, de la economía supone la expulsión –o cuanto menos la erosión–, de criterios como la igualdad, justicia y solidaridad de la gestión de la vida económica, lo que no sólo acentúa la dinámica de polarización social, sino que dinamita los principios ancestrales que rigen el nacimiento y fundamento de la Economía Social.

En paralelo al creciente predominio del sector financiero –y de la consecuente economía especulativa–, sobre los Estados y sobre el conjunto de la economía productiva y del consumo, hay que prestar minuciosa atención a la multitud de reformas legislativas en materia laboral, financiera y monetaria que continuamente se están actualizando en numerosos países (ahora con Macron en Francia, antes Rajoy en España, etc.), encaminadas a promocionar políticas anti-inflacionistas revestidas siempre con el carácter “salvador” del tratamiento de choque contra los males endémicos de la crisis de una economía claramente moribunda.

Nótese en este punto que la doctrina anti–inflacionista, de corte neoliberal, lleva siempre aparejada una importante erosión de lo público a favor de lo privado por cuanto continuamente establece políticas de control del gasto público, reducción de impuestos y sustitución de los servicios públicos a favor de la iniciativa privada (privatización).

En todo caso se trata de políticas ampliamente impulsadas por las élites económicas y financieras, para quienes el control de la inflación representa el control del valor de su patrimonio y de la rentabilidad de sus inversiones. Una estrategia que favorece a todos aquellos acreedores de activos financieros en la medida en que éstos tienden a no devaluarse.

En este sentido los continuos llamamientos a la moderación salarial forman también parte de las diversas estrategias de control de la inflación. Salarios que el gobierno de España quiere elevar ahora moderadamente para impulsar el comercio y la sensación política de un gobierno “competente”.

La serpiente de la corrupción en los jardines de la Moncloa

Sin embargo la situación de deterioro descrita anteriormente está manifestando una importante tensión entre la estructura administrativa del Estado español y la estructura política gobernante que alcanza su máximo grado en el Ministerio de Hacienda dentro de los territorios minados de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra la evasión fiscal.

Consecuentemente los poderes del Estado no evidencian todavía la relación que existe entre la Economía y la Sociedad, ni la forma en que los sistemas económicos, o reformas –sean éstas para combatir la crisis con políticas de austeridad, o anti-inflacionistas–, afectan la manera en que los individuos se relacionan entre si en sociedades con altos niveles de desempleo y desigualdad.

En este panorama emerge la corrupción, no como anomalía moral, sino como característica esencial del sistema económico neoliberal que premia los emprendedores privados sobre los valores de la solidaridad colectiva. Un corrupto no es más que un emprendedor de contabilidad B, y consecuentemente no constituye amenaza al sistema económico neoliberal, sino su impulso.

El precariado y la economía disfuncional

En los jardines del paraiso neoliberal florece también los estudiosos de la economía actual que cada vez más convergen sobre la consideración de que los desempleados no conforman un grupo excluido del sistema económico, sino que representan una economía disfuncional, por cuanto las teorías de la eficiencia salarial –las internas y externas, junto con una multitud de otras teorías–, explican de forma contundente por qué los mercados laborales no operan como sugieren los partidarios de los mercados autorregulados.

Ya nadie duda de la impostura de la vieja “Ley de Say”, por la que los altos niveles de desempleo (alta oferta de trabajadores desempleados) debería crear su propia demanda, al menos, por incentivación de los capitalistas que prosperan gracias a los salarios bajos; el precariado.

Mucho menos sustento histórico tiene la falacia que difunden las doctrinas populistas neoliberales sobre la “economía del goteo”, según las cuales todos –principalmente los pobres– se benefician del crecimiento económico del uno por ciento que acumula mayor riqueza en la sociedad.

Los fundamentos de la economía social como alternativa al neoliberalismo financiero.

Veinte años atrás, Enzo Mingione publicó una importante obra con el título Las Sociedades Fragmentadas (1994) 5* que utilizando los conceptos de factores asociativos de regulación y factores de reciprocidad, realiza una original lectura de las nuevas dinámicas de desarrollo socioeconómico.

Desde su perspectiva, el neoliberalismo erosiona efectivamente los factores reguladores asociativos al debilitar el Estado Social y al promover cambios productivos que reorganizan las grandes estructuras industriales (externalización, deslocalización, subcontratación, etc.), fragilizando a su vez el modelo de regulación laboral basado en acuerdos de contrapartidas entre empresarios y sindicatos.

En este contexto de declive de las regulaciones asociativas y de agudización de las tensiones del mercado, cobran una novedosa centralidad los factores de regulación basados en la reciprocidad como lo evidencia el crecimiento sintomático de la economía informal, del autoabastecimiento, de la Economía Social, y de los negocios familiares, etc.

Es también en este contexto donde adquiere especial relevancia el concepto de Capital Social como clave de interconexión entre Economía y Sociedad.

Muchos especialistas tanto en Estados Unidos, Asia y Europa están analizando hoy en día la salida de la crisis neoliberal mediante la reincrustación de la economía dentro del entramado social como dos conjuntos interdependientes que se aportan mutuamente importantes sinergias entre sí.

Burawoy (Burawoy, 2003) 3* postula el término “sociedad” como la antítesis del mercado libre. Otro es la idea de que el motor de la historia no es el poder de producción sino la cultura, en el sentido más amplio de las costumbres morales moldeadas por las instituciones sociales y políticas (Bachofen, 2011)1*.

Una “sociedad orgánica” se desarrolla a través de la coherencia y la cooperación entre las partes que la conforman (Williams, 1958)6*. Standing G. (El Precariado, 2013) 7* considera al precariado como un conjunto de individuos – “libres”de iure más que de facto–, con status laboral inseguro, vulnerable… Standing describe a los jóvenes del 15 M español como brotes de indignación que pueden cuajar en empoderamiento, en conciencia y organización creciente, continuada, capaz de dificultar la gran fiesta mercantil de acumulación de riqueza de quienes ya son muy ricos.

Lo fundamental de todo este debate es que el mito neoliberal de la economía de libre mercado como actividad aislada del contexto social está hoy virtualmente muerto. Tanto la economía financiera, como la economía productiva necesitan incrustarse en el conjunto social como aportaciones que suman al Capital Social de la comunidad.

Marginalidad y represión de la economía social

El principio de soberanía es la principal idea fuerza nuclear que rige nuestra cultura y pensamiento tanto en los ambitos del derecho como de la economía priorizando el concepto de propiedad privada. Sin embargo el soberano no es ningún principio de la naturaleza humana, sino una ideología que justifica el ejercicio del poder devaluando, cuando no rechazando como negativo todos los fenómenos generales o colectivos de cooperación o solidaridad.

Desde los años 70 del siglo pasado se impuso el discurso de las bondades de la gestión privada de lo público frente al fracaso natural de toda gestión pública de los servicios del Estado. Frente al cooperativismo emergió con fuerza la figura mesiánica del emprendedor, y los servicios del Estado –el principal gigante colectivo de la sociedad–,  se convirtió en el enemigo número uno a combatir por la doctrina neoliberal emergente.

Privatizaciones y austericidios son posibles porque el Derecho del siglo XX empezó a priorizar el derecho privado frente al derecho público que desde entonces se viene reduciendo a mínimos en función del desarrollo legislativo del mito de “El Gran Hombre”y la eficacia del líder carismático.

Tan sólo hay que revisar a fondo toda la normativa sobre Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales para ver la autentica marginalidad de la Economía Social concebida como último recurso de beneficencia jurídica frente a la espectacular protección que el Derecho proporciona a los tiburones financieros y a los grandes inversores de éxito.

Con solo equilibrar mínimamente la normativa jurídica actualmente vigente la economía social mostraría de inmediato su fuerza natural, toda vez que su represión no proviene de su supuesta incapacidad económica sino de su impuesta “camisa de fuerza” jurídica.
© 170803 Paco Muñoz

Bibliografía Citada:

1º.- BACHOFEN, Blaise. 2011. “Why Rousseau Mistrusts Revolutions: Rousseau’s Paradoxical Conservatism”. Pp. 17-30 en Rousseau and Revolution, editado por H. Lauritsen y M. Thorup. London: Continuum.

2º.- BRENNER, C. (2003): “Labour Flexibility and Regional Development: The Role of Labour Market Intermediaries”. Regional Studies, 37(6/7), pp. 621-633.

3º.- BURAWOY, Michael. 2003. “For a Sociological Marxism: The Complementary Convergence of Antonio Gramsci and Karl Polanyi” Politics & Society, 31 (2): 193-261.

4º.- LÓPEZ HERNÁNDEZ, I. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, E. (2010): Fin de ciclo: financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Madrid, Traficantes de Sueños.

5º.- MINGIONE, E. (1994): Las sociedades fragmentadas una sociología de la vida económica más allá del paradigma del mercado. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

6º.- WILLIAMS, Raymond. 1958. Culture and Society, 1780-1850. London: Chatto & Windus.

7º.- STANDING, G. (2013). El Precariado. Una Nueva Clase Social. Barcelona, Ed. Pasado&Presente

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