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| Los nuevos Reyes Frugales de Europa |
La derecha española vive feliz y entusiasmada en tiempos de COVID planteando caceroladas y peleando Madrid como epicentro de la libertad caiga quien caiga bajo las pataletas revolucionarias de la comandante Ayuso. Semana a semana caldean el ambiente con banderas y cacerolas y plagian escraches en los domicilios del gobierno. En la oposición son como mutantes de las moscas cojoneras de huerta de secano, o pendencieros patológicos en guerra permanente con sus propias vísceras y las de los demás.
Mientras, la izquierda sobresaliente navega entre pitos y aplausos por los mares turbulentos de un estado de alarma agitado por el trifachito aunque prudentemente anestesiado por las curvas del Dr. Simón.
Nuestra izquierda de hoy calla, ora et labora; ni grita, ni agita, sólo palpita con birrete de graduados. A veces acierta y otras desacierta, aunque las más desconcierta. Así la excelencia de la vicepresidenta le lleva incluso a descubrir el misterio del paralelo 40 Norte y llevar a la Comisión Constitucional del Congreso «el problemón del demonio» de las “temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas." (1).
Si bien lo anecdotario supera la ficción, la realidad española pincha toda burbuja de emancipación social incluso en tiempos de COVID. No es extraño, pues, que tras la obsesión privatizadora de los gobiernos de Rajoy, el gobierno de Sánchez mande tanto que cada semana obstruye lo que queda de la arquitectura institucional del Estado tras años de austeridad letal y semanas de confinamiento en teletrabajo.
¡Estamos mal, pero menos mal que estamos!
La situación generada por el COVID recuerda mucho a la Odisea de Homero en la escena de un Ulises (aquí Sánchez), que se hace atar al mástil (en este caso a las curvas del Dr. Simón) para poder navegar entre los peñascos móviles de la Unión Europea (los frugales del norte) y cruzar entre el islote de Escila (donde habita el monstruo de las seis cabezas Casado, Arrimadas, Abascal, Ayuso, Quintos. Teodoro) y la isla de Caridbis (con la gruta submarina de los indepes)…
No es raro, pues, que la nave gubernamental vaya dando trompicones con todo tipo de golfos, cabos y tómbolos; algunos tan sonados como el de la derogación «integral» de la Reforma Laboral de Rajoy… ¡Estamos mal, pero menos mal que estamos! suspiran algunos.
Estar, estaremos, aunque no sabemos dónde, ni con quién, pues en la trastienda olímpica del circo COVID, el tiempo transcurre aparentemente sin que nadie oiga hablar de los bonos del tesoro, los tipos de interés negativos, la tasa de inflación, o el programa de compra de activos del Banco Central Europeo (en adelante BCE).
Como mucho los holandeses trazan la línea roja del «no pasarán» que divide la Unión entre los frugales de norte y los juerguistas del sur apelando a la moral del prestamista adinerado sobre el dislate despilfarrador del sureño infectado.
«¡NEIN!»… ¡ya está bien del cachondeo!
De pronto, el pasado 5 de mayo, dando un susto soberano, de esos que hacen historia, el Tribunal Constitucional Federal Alemán –el interminable «Bundesverfassungsgericht» (en adelante TCFA–, depositó delicadamente sobre la globosfera institucional de la Unión Europea un «ladrillo» compacto de 83 folios que decía «¡NEIN!»; algo así como ¡ya está bien del cachondeo!
El «ladrillo», que tenía diseño de sentencia judicial, retumbó sobre las paredes del Banco Central Europeo, con reverberación altamente tóxica sobre el Bundesbank, el Bundestag y el Bundesregierung, y con carambola épica en el Consejo Europeo y misil tomahawk dirigido por GPS hacia Luxemburgo, a la mismísima sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE).
Entre el polvo que levantó el ladrillazo se oía el griterío de expertos y sapientes que de pronto despertaban sus plumas para exorcizar los demonios del «ladrillo» alemán con discursos de ¡Rebeldía alemana! ¡Dislate! ¡Desastre! ¡Vuelta a la UE alemana! ¡Insumisión! ¡Los jueces de Alemania declaran la guerra al Banco Central Europeo!... etc. Estas son algunas de las perlas que se han ventilado –en pánico–, por la parte ofendida. Es decir, por algunos de los altos funcionarios, expertos y portavoces instalados en la estructura multicapa de la maraña institucional de la Unión Europea.
El BCE no es el amo del universo
El órdago lanzado por el TCFA no sólo atraviesa el corazón de la independencia del BCE, sino que estampa contra la pared al TJUE acusándolo de excederse de las competencias que le otorga el Tratado de la Unión Europea (art. 5.3.II y 5.4), dictando sentencias «incomprensibles» e «injustificables desde el punto de vista del procedimiento al excluir los efectos reales de la política monetaria del BCE» (párrafo 119 de la sentencia del TCFA).
El conflicto entre tribunal constitucional estatal (TCFA) y su superior de rango europeo (TJUE) es, en síntesis, un conflicto de «última palabra», entre jueces que se creen soberanamente listos pero que se encuentran en posiciones distintas en el orden de jerarquía de la Unión.
¡Ni federación, ni democracia!
Así, el conflicto impacta en el talón de Aquiles de toda la construcción europea, que lejos de estar concebida como un estado federal se basa en una difusa delegación de los Estados nacionales, por entrega, de poderes a la Unión. Delegación que se establece sobre una frágil estructura multicapa de gobernanza que hace difícil y problemática la división de poderes y atribución de competencias.
La propia presidenta de la UE, Ursula von der Leyen dejaba bien claro que la Unión, ni era una federación, ni era una democracia, y que «la última palabra sobre el derecho de la UE siempre se pronuncia en Luxemburgo. En ningún otro lugar». Días después el magistrado del TCFA, Michael Huber, señalaba con contundencia que «El BCE no es el amo del universo» (2).
El multiverso soberanista del poder judicial
Meterse en la botica del poder judicial europeo es tanto como adentrarse en un multiverso autoritario repartido en tres órdenes jurisdiccionales; el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE); el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el baúl de los Estados donde se agrupan a los tribunales superiores nacionales, sean, o no, formalmente constitucionalistas.
Bajo esta estructura de culto jerárquico subyace una maraña hirviente de ordenamientos jurídicos, principios de justicia, métodos, y líneas jurisprudenciales que lejos de responder a una lógica convergente presenta un perfil muy disperso de razonamiento hasta el punto de conformar un territorio inhóspito lleno de trampas y lagunas sobre el que se erige una arquitectura de poderes jurisdiccionales soberanos donde la razón deja paso a la conveniencia a medida que la discrepancia es guillotinada por el principio de la sumisión a la autoridad judicial de mayor posición jerárquica.
Sobre este magma hirviente de poderes jurisdiccionales flota de forma manifiestamente frágil el ordenamiento jurídico europeo únicamente sostenido por la decisión política de los Estados de la UE de acatar las reglas y de cumplir y hacer cumplir los tratados de la unión, y en especial el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El invento de Montesquieu sobre el «Espíritu de las leyes» y la separación de poderes, que data de 1748 es hijo directo del movimiento intelectual y cultural de la ilustración francesa y europea que elevaba el pensamiento racional a modelo de organización social. Sin embargo, el poder judicial de hoy es el principal garante de la organización irracionalidad de la sociedad. El que dirige la fuerza de coerción del Estado sobre el individuo como queda bien claro, cuanto menos, en los procedimientos de ejecución de desahucios
Justicia y honestidad intelectual
Pese al mantra de la separación de poderes, las relaciones entre el mundo jurídico y el mundo económico son de facto, en el siglo XXI, como la de los cuerpos siameses; íntimamente interdependientes. Así la honestidad intelectual del mundo jurídico goza de la misma salud que el concepto de «honestidad» en el mundo de los negocios, y ambas dos «honestidades intelectuales» se regulan tanto por el principio de jerarquía –con su consecuente lógica ad hominem–, como por la lógica de la eficiencia; con su flexible principio de conveniencia.
El criterio de la «ultima palabra» significa, pues, que las sentencias del TJUE pueden ser criticadas, pero no pueden ser recurridas, ni tampoco entrar a discutir con el Tribunal. Mucho menos corregirlo, o amonestarlo por excederse de su función jurisdiccional (ultra vires) estipulada en el Tratado de la Unión. Y ya deviene inaudito que el TFCA acuse al TJUE de omitir la prueba de proporcionalidad que exige el art. 5 del Tratado y negarse, en consecuencia, a acatar su sentencia, y darle al BCE un plazo de tres meses para que explique la proporcionalidad de sus actuaciones monetarias.
Así pues, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania (TCFA), se ha negado, por primera vez en la historia judicial de Alemania, a acatar la sentencia del TJUE que validó la actuación del Banco Central Europeo por el que en 2015 se instituía el programa de compras de deuda pública denominado Public Sector Asset Purchase Programme (PSPP).
Obligación de proteger al pueblo alemán
La supuesta independencia política tanto del BCE, como del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) es un asunto muy controvertido con más de 20 años de desconcierto académico y objeciones a ese estatus de independencia por razones de legitimidad y control democrático. Técnicamente hablando no se sostiene ya en el siglo XXI una separación entre política monetaria (competencia del BCE) y política económica (competencia de los Estados); mucho menos un mundo económico disociado de la política fiscal.
Así pues, las intervenciones del BCE en la compra de activos tienen efectos manifiestos no sólo en los balances de los bancos y las tasas de interés, sino también en las empresas zombi y, por ende, potencialmente en cada ahorrista, prestador, propietario de bienes raíces y tenedor de pólizas de seguro en la eurozona.
Y es en este territorio de arenas movedizas que el TCFA evalúa las políticas del BCE con objeto de determinar si el gobierno federal y el Bundestag han incumplido su obligación de proteger al pueblo alemán de una política errónea del BCE implementada a nivel europeo.
Consecuentemente si el TCFA estima que las explicaciones del BCE no muestran de manera comprensible y fundamentada que los objetivos de política monetaria perseguidos por el BCE no son desproporcionados a los efectos de política económica y fiscal resultantes del programa" (párrafo 235 de la sentencia del TCFA), entonces el Bundesbank debe abandonar el programa de adquisiciones del BCE.
Curiosamente la Constitución alemana es del año 1949, justo de final de la Segunda Guerra Mundial, y en su texto establece específicamente que el gobierno federal y el Bundestag tienen la obligación de proteger los derechos democráticos de los ciudadanos alemanes y, por extensión, esta protección es competencia política de las autoridades públicas alemanas.
El dilema alemán; el pueblo versus la UE
El TCFA no se enfrenta directamente a la estructura institucional europea, sino que plantea un problema alemán que hace tambalear al corazón económico de la Unión forzando un enfrentamiento entre el Bundesbank (Banco Central alemán) y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).
Así pues, la sentencia del TCFA sitúa tanto al gobierno federal alemán, presidido por Ángela Merkel, como al Bundesbank ante el dilema de hacer valer en la Unión Europea las bases constitucionales de la democracia alemana, o, por el contrario, defender el marco institucional –no democrático–, de la gobernanza europea.
Pero este es el dilema básico de todas las democracias de los Estados de la Unión donde el poder –al menos teóricamente–, emana del pueblo, mientras que el poder de la Unión Europea emana únicamente de la Comisión Europea, como quedó ampliamente demostrado en el caso de Grecia.
¿Arrogancia alemana, o inhibición de los otros tribunales constitucionales del los Estados europeos?
Todos los gatos no son pardos, y dos se entienden en 500.000 millones de euros
Responder a esa pregunta a estas alturas del tsunami COVID apenas tiene sentido, pues el propio «ladrillo» jurídico del TCFA será convenientemente reducido a polvo de crematorio retórico ante la dinámica de los acontecimientos que se están registrando en la arquitectura institucional de la Unión.
El confinamiento COVID extiende en la cúpula de la Unión una noche oscura e insondable en la que todos los gatos parecen pardos, sin serlo ninguno. Mucho menos si vienen de la mano de Ángela Merkel y Emmanuel Macron con un cheque «regalo» de 500.000 millones de euros para la recuperación y reestructuración de la economía europea (3).
Tras el anuncio franco-alemán la pléyade de comentaristas y expertos alabaron la bondad del acuerdo. Macron dijo que se trataba de un «avance profundamente inédito» y Merkel aseguró que a Alemania sólo le iría bien «si a Europa le va bien».
¿Qué pasó con los frugales y los despilfarradores?... Una posible respuesta nos la ofrece el análisis del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Juan Torres cuando en un reciente artículo (4) dice:
«El problema que pueden tener España e Italia es que no lleguen sanas y salvas, sino con miles de empresas menos, a la reestructuración; a diferencia de lo que ocurrirá con las economías del norte de Europa que (con la ayuda desigual de las ayudas estatales que les aprueba la Comisión Europea) están aprovechando esta crisis para capitalizar sus empresas.»
De la Europa de las Naciones a la Europa de las Corporaciones
Con este acuerdo franco–alemán no se trata de financiar la resilencia, o fortalecimiento, de los Estados europeos, sino que el dinero «público» se canaliza hacia el mundo de la empresa privada justo en el momento histórico en que la crisis COVID ha mostrado abiertamente la necesidad vital de un Estado estructurado, capacitado y bien dotado de medios.
COVID ha desnudado en todo el planeta la falacia neoliberal de décadas de privatizaciones, subcontrataciones, recortes presupuestarios y globalización en nombre de la eficacia y la buena economía. Paradójicamente todos los líderes del planeta, –desde Estados Unidos hasta China, pasando por Inglaterra y Europa–, claman ahora por una vacuna inmediata como si la ciencia se pudiese conjurar a voluntad.
La falacia neoliberal también ha puesto al descubierto que la gobernanza efectiva no es el antojo mágico del político de turno (véase el caso de la sanidad pública de Madrid). Las instituciones públicas no se improvisan, ni se subcontratan. Conforman un entramado coordinado que requieren de inversión continuada en la capacidad total del Estado. Se trata de una inversión en cantidad y calidad que se extiende desde los trabajadores sanitarios hasta los barrenderos de las ciudades tantos años sometidos a sueldos que infravaloran –si no desprecian–, la importancia capital de su labor.
Pero el Estado no son sólo los sanitarios; somos todos, desde los empresarios hasta las cajeras de los supermercados; desde los que recogen la fruta en los árboles hasta los catedráticos de física nuclear. Todos somos creadores de valor en la sociedad y es el Estado a quien compete mantener la relación productiva del conjunto social invirtiendo en capacidades públicas. Es decir, invirtiendo en capacidades críticas que equilibren las fuerzas y gobiernen el interés público; el interés común.
De Carlomagno a los Reyes Frugales del siglo XXI
No es irrelevante que en la Universidad pública existan incontables catedráticos de Derecho Mercantil, y no exista ni una sola cátedra que se ocupe del Derecho que puede articular la primacía de la propiedad común de interés público, sobre la hegemonía ilimitada del derecho privado.
¿Qué sentido tiene invertir dinero público en el desarrollo de coches inteligentes para que uno pueda ir en autovía a la gran superficie y comprar un chupachups, mientras 99 hacen cola para un cartón de huevos en la puerta de Cáritas?
Cuenta la historia que en la navidad del 25 de diciembre del año 800 el papa León III coronó a Carlomagno como «Emperador» del nuevo Imperio Romano de Occidente. Luego, 43 años después, el Tratado de Verdún daba pie a la división de Europa, un siglo después, en el Reino de Francia y en el Sacro Imperio Romano Germánico.
El pasado 18 de mayo de 2020, Macron y Merkel, o Merkel y Macron –tanto monta, monta tanto–, los nuevos «Reyes frugales», se presentan ante los medios de comunicación anunciando la bendición de 500.000 millones de euros con una nueva versión del viejo credo de la gestión corporativa centrada en la panacea tecnológica de la «Inteligencia Artificial», la digitalización y la electrificación ecológica de vehículos.
¿Dónde estamos?... ¿hacia dónde vamos?...
Del Estado de Derecho al Estado de Conveniencia. Fin de la razón.
Dar respuesta a esas preguntas es una cuestión complicada en estos momentos de incertidumbre real y colapso ideológico y cultural de occidente. Ilustración, lógica y racionalidad son conceptos y categorías que apenas tienen ya cabida en el mundo real fuera del mundo académico.
En el mundo económico rige la idea de «eficiencia» combinada con el vector escatológico de la «maximización de los beneficios». El éxito se fundamenta en lo que podríamos denominar como la racionalidad de los intereses propios. Racionalidad cuya lógica individualista se ve protegida y ampliada por la doctrina liberal y el Derecho Civil.
En el mundo jurídico el criterio de «eficiencia» se torna en culto absolutista a la autoridad jurisdiccional bajo un fuerte gradiente de sumisión al criterio resolutorio. El «ratio decidendi» obedece al criterio voluble de una racionalidad de la conveniencia a voluntad del poder judicial cuya principal, y única, función es la de proteger el estatus quo en su demarcación jurisdiccional. Todo el derecho procesal se destina a unificar ese criterio de conveniencia.
Consecuentemente la insumisión del TCFA contra el criterio del TJUE es una muestra palpable de la fuerte esencia arbitraria del decisionismo judicial. Un decisionismo marcadamente trilero que navega a voluntad por la maraña inextricable del mastodóntico sistema de ordenamientos, principios, y derechos ambiguos y volátiles.
El Estado de Derecho es hoy un mito inexistente convertido en el Estado de la Conveniencia con una gran industria de negocios únicamente sostenida por el Principio de Autoridad y su corolario de la Obediencia Debida.
Sin embargo, la fragilidad del Estado de Conveniencia se encuentra hoy amenazada ante la evidencia de sus muchas aporías y profunda inconsistencia. Lo vemos claramente en España con la priorización de los intereses bancarios, o en las sentencias ilógicas sobre violaciones, etc. En Latinoamérica lo vemos asimismo con el denominado lawfare, o guerra jurídica, que tanto Vox, como el PP quieren importar a base de demandas contra el gobierno «socialcomunista». La izquierda sobresaliente con birrete de graduación; calla.
Tal y como hemos visto –y vemos–, todos en el confinamiento COVID, en el mundo de las voluntades la realidad no existe porque la razón se conjuga como un atributo exclusivo del poder tal y como proclaman Trump, Bolsonaro, Salvini, Bannon, Casado, Abascal, etc. Ilustración, lógica y racionalidad son ya conceptos de biblioteca y categorías que apenas tienen relevancia en el mundo real fuera del mundo académico.
Montesquieu recreó al monstruo Chronos en el Poder Judicial, sin percibir el crecimiento desmedido de Saturno en el imperio de la libertad de los mercados, y la irrupción de lo que ya hoy se denomina el Darwinismo social como justificación natural del dominio del 1% más «eficiente» sobre el 99% cuyo grado de «eficiencia» es marcadamente decreciente.
Es en este paradigma de la «eficiencia» que los Reyes Frugales –Merkel & Macron–, encajan su propuesta de 500.000 millones de euros para la recuperación económica de Europa. Francia y Alemania son muy conscientes de que la parte del dinero que recaiga en estructuras obsoletas, débiles, o mal administradas será reabsorbido por el sector financiero europeo. Fin de la razón.
© PACO MUÑOZ 200524
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